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Los puertos deportivos impulsan el desarrollo residencial

España cuenta con 82.500 puntos de atraque, de los cuales más del 80% se encuentra en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Según un estudio realizado por el departamento inmobiliario de la auditora Arthur Andersen, los puertos deportivos constituyen un motor de riqueza importante para las ciudades que los albergan. Se trata de una industria que genera unos recursos económicos elevados, ya que se estima que el volumen de negocio que generan las instalaciones náuticas a escala nacional supera los 200.000 millones de pesetas.

El negocio real de estas instalaciones deportivas está en el gasto que hacen los dueños de las embarcaciones, generalmente con alto poder adquisitivo, cuando llegan a los puertos. Y es que se calcula que el desembolso medio que realiza el turista náutico ronda las 18.000 pesetas por persona y día.

Fuerte desarrollo

Esta actividad ha animado a muchos inversores a comprarse una casa cerca de los puertos deportivos. Se trata no sólo de una inversión para uso y disfrute sino también de una inversión a largo plazo, ya que los terrenos cercanos a los desarrollos náuticos se revalorizan de forma automática.

Complejos inmobiliarios, hoteles, comercios, restaurantes y servicios específicos para estos amantes del mar completan habitualmente la oferta en los puertos deportivos, que, sin duda, generan ingresos muy superiores a los derivados de forma directa por la venta o alquiler de los puntos de atraque.

La afición española por los deportes náuticos ha crecido rápidamente durante la segunda mitad de la pasada década. De este modo, en el año 1995 se registraron un total de 109.720 embarcaciones y en 2000 alcanzaron los 165.853 millones de pesetas. Cataluña, Andalucía y las islas Baleares son las comunidades autónomas en las que el deporte náutico ha cobrado un mayor protagonismo.

Pese a que los puertos deportivos son un buen gancho para el desarrollo residencial, hay ciertas trabas legales que se han interpuesto en su camino. La Ley de Costas de 1988 supuso una disminución importante en el desarrollo de puertos deportivos, ya que, si la legislación anterior permitía otorgar en propiedad el terreno ganado al mar, la nueva normativa prohibe el aprovechamiento residencial en dominio público, además de controlar que las concesiones no sean superiores a los 30 años.

Cambios legales

La prohibición de explotación residencial es la norma que más ha paralizado las nuevas explotaciones portuarias, al ser difícil el rentabilizar las inversiones antes comentadas sin un desarrollo inmobiliario que los soporte, explica el informe de Arthur Andersen.

La Ley de Costas obliga también a cumplir una serie de requisitos muy estrictos en la defensa del medio ambiente cuyo objetivo es asegurar que la construcción no interrumpa la corriente litoral de arena ni dañe la flora y fauna marinas.