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Los clubes náuticos de Baleares piden al Gobierno que descarte el anteproyecto de reforma de la Ley de Puertos del Estado

Denuncian que encarecerá los precios de los puertos y de la náutica de recreo en general al incidir en un modelo de gestión que convierte a las autoridades portuarias en “unidades de negocio” independientes // La voracidad fiscal de la Administración ha provocado incrementos de tasas en puertos deportivos de hasta el 225% en seis años

La Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) solicita al nuevo ministro de Fomento, José Blanco, que descarte la totalidad del anteproyecto para la reforma de la Ley de Puertos del Estado por reincidir en un modelo fiscal que en tan sólo seis años ha provocado incrementos de hasta el 225% en las tasas de las concesiones administrativas ubicadas en puertos de interes general de Baleares.
Los datos que han trascendido del borrador son alarmantes y ponen de manifiesto la falta total de sensibilidad de los actuales dirigentes del organismo Puertos del Estado hacia la náutica recreativa en general y hacia los clubes náuticos, entidades deportivas sin ánimo de lucro, en particular. El anteproyecto ignora por completo la existencia de un sector, el de la náutica de recreo, que, según los últimos datos conocidos, genera unos ingresos anuales 23.000 millones de euros y da trabajo a 272.000 personas en la Unión Europea. España podría liderar esta industria si dispusiera de un marco legislativo adecuado y la Administración central no se limitará, como viene haciendo desde el año 2003, a exprimir a las empresas y sociedades concesionarios de los puertos.
El Gobierno, de acuerdo con el borrador de la Ley de Puertos del Estado, pretende mantener, e incluso potenciar, el sistema que ha convertido a las autoridades portuarias en “unidades de negocio independientes”. Esta política ha ido en claro detrimento del interés público, dado que los concesionarios se están viendo obligados a repercutir la sangría fiscal que padecen en los usuarios de los puertos. En el caso de los clubes náuticos, muchos de cuyos asociados son propietarios de embarcaciones de pequeña eslora, la situación generada por el afán recaudador del Estado es especialmente grave.
El Estado no puede seguir ignorando la relevancia estratégica que los puertos deportivos tienen para Baleares y el resto de comunidades autónomas con salida al mar. Una Ley de Puertos que no contemple siquiera la existencia de actividades tan relevantes para la economía general española como el turismo náutico o la industria de las embarcaciones de recreo no es de recibo. Es crucial, en consecuencia, que el Ministerio de Fomento rectifique antes de que su error adquiera rango de Ley y que se replantee la permanencia en sus cargos de las personas que pretenden sacar adelante un proyecto legislativo que, de consumarse, tendría consecuencias nefastas para muchos puertos deportivos.